PHOENIX, (EFE). La jueza federal Susan Bolton ordenó el bloqueo de las partes más polémicas de la ley de inmigración de Arizona, que convierte en delito ser inmigrante ilegal y que entró en vigor este jueves 29 de Julio.

La decisión de la jueza representa una gran victoria para los críticos de la ley, que tiene pendientes siete demandas en contra, entre ellas una del propio Gobierno de Estados Unidos.

Los fragmentos de la ley que fueron bloqueados hoy se mantendrán en suspenso hasta que los tribunales federales se pronuncien sobre su contenido.

En la orden de la jueza Bolton se indica que "hay una probabilidad sustancial de que los agentes detendrán erróneamente a inmigrantes legales bajo la nueva ley".

"Al aplicar esta medida, Arizona impondría una carga 'extraordinaria, inusual y característica' a los inmigrantes ilegales que sólo el Gobierno Federal tiene autoridad para imponer", añade el dictamen de la jueza.

¿Se cancelarán protestas?
El fallo se produjo justo cuando la Policía estaba haciendo preparativos de último minuto para comenzar a aplicar la ley y mientras activistas estaban planeando grandes manifestaciones contra la medida.

Al menos un grupo de activistas pensaba despojarse de sus documentos de identificación antes de bloquear el acceso a las oficinas federales, en un abierto desafío a la Policía para que les pida sus documentos.

Es probable que la mayoría de las protestas se cancelen debido al fallo de Bolton, quien de repente se convirtió en una figura crucial en el debate sobre la inmigración cuando se le asignaron las siete demandas presentadas contra la ley de Arizona.

En suspenso
La ley entrará en vigor, como está previsto, pero sin las secciones más polémicas, como la que obliga a los agentes de Policía a comprobar el estatus migratorio de una persona a la que hayan detenido por otras razones.

También queda en suspenso la aplicación de otra sección que obliga a los inmigrantes a llevar encima siempre la documentación que demuestre que se encuentren de manera legal en el país.

Igualmente se suspende la sección que convertía en delito el que los inmigrantes indocumentados pudieran pedir empleo en lugares públicos.

La ley de inmigración de Arizona, conocida como SB1070, fue promulgada por la gobernadora Jay Brewer el pasado abril. Sus críticos alegan que puede conducir a la discriminación racial, en especial contra la población hispana.

La etiquetación racial ("racial profiling" en inglés) se refiere al uso incorrecto de la raza de un individuo o grupo étnico por la Policía como un factor para decidir si aplica la ley, como en el caso de pedirle a una persona que e detenga por una infracción de tránsito.

Encuestas
Se calcula que en Arizona hay cerca de 460.000 inmigrantes ilegales, la mayor parte de ellos hispanos. En todo Estados Unidos se considera que residen doce millones de indocumentados.

Las encuestas apuntan a que la mayor parte de los estadounidenses respaldan la SB1070.

Agencias y Redacción
Con expectativa, tensión, temor y enojo, los inmigrantes de Arizona aguardaban este 29 de Julio la entrada en vigencia de la ley SB1070, que convierte en un delito la permanencia en el estado sin documentos migratorios, pero al mismo tiempo con la confianza de que una Corte Federal que atiende siete demandas la deje en suspenso o anule partes conflictivas de la legislación.

"Pensamos que la jueza Susan Bolton llegará pronto a una decisión. Por ahora no estamos seguros de lo que va a decidir, pero pensamos que va a dividir la ley", indicó Kat Rodríguez, de la Coalición de los Derechos Humanos de Tucson, Arizona, refiriéndose a la legislación más dura promulgada en Estados Unidos para combatir la inmigración indocumentada.

Bolton celebró audiencias para escuchar a las partes de dos demandas interpuestas con el propósito de detener la ley, que entre otras medidas autoriza a las policías indagar el estado migratorio de individuos arrestados bajo cualquier otra ley vigente y que se sospeche que están indocumentados. También convirtió en delito la permanencia sin papeles en el estado y castiga la contratación, ayuda y traslado de trabajadores indocumentados.

Clima anti-extranjero
En Estados Unidos existe un clima de persecución promovido por actitudes xenofóbicas y racistas como la ley SB 1070 que ha ido creciendo contra los migrantes, quienes son tomados como chivos expiatorios de la crisis económica.

El director asociado de la Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC, por sus siglas en inglés), José Luis Gutiérrez, señaló que la llamada "Ley Arizona" sólo institucionaliza lo que ya ocurría en los hechos.

Dicha legislación constituye una "motivación" para los grupos racistas y antiinmigrante que "estaban ahí dormidos" y no se expresaban porque era políticamente incorrecto y ahora encuentran el camino para hacerlo.

Percepción perversa

Prueba de ello, agregó, es que 18 estados están promoviendo legislaciones similares, lo que ha creado un "cierto grado de pánico" y una percepción negativa sobre los migrantes que llevará muchos años revertir. Se trata de una percepción perversa que propicia un caldo de cultivo ideal para convertir a esas personas en chivos

TUCSON, (EFE). Organizaciones pro inmigrantes en Arizona hicieron un llamado a la comunidad hispana para resistir a la implementación de la ley estatal SB 1070 con actos de desobediencia civil.

"Estamos pidiendo a la comunidad que salga y se muestre en contra de esta legislación aunque se convierta en ley, que sea rechazada por completo, es una legislación injusta e inmoral", dijo a Efe, Mónica Carrasco, representante de la organización Alianza Indígena Sin Fronteras tras una conferencia de prensa.

La ley estatal SB1070 es la primera en Estados Unidos en criminalizar la presencia de los inmigrantes indocumentados y otorga facultades a los departamentos policiacos locales de cuestionar el estatus migratorio de las personas que "sospechen" se encuentran de manera ilegal en el país.

"Queremos que la gente se niegue a entregar sus documentos a la policía, en forma de resistencia y en protesta porque sabemos que la policía se enfocará solamente en la gente de color, de apariencia latina", dijo Carrasco.

A movilizarse
La activista aseguró que si la ley entra en vigor como está programado para el próximo 29 de julio mucha gente será discriminada, sin importar que sean residentes legales o ciudadanos.

"Es muy duro que pidan mostrar la documentación, especialmente a miembros de familias latinas y comunidades indígenas que estaban viviendo en esta región mucho antes de que existiera la frontera", agregó.

"Creemos que la comunidad no debe de esperar a que entre en vigor esta ley, desde hoy debe de comenzar a concientizarse, educarse y movilizarse en contra de la SB1070, no podemos esperar hasta el 29 de julio", dijo a Efe, Isabel García, abogada y directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona.

Pidió a los hispanos que puedan que no se presenten en sus centros de trabajo y que tampoco hagan compras para que los políticos en Arizona escuchen las voces de la comunidad.

Desde el 28 de julio, las organizaciones se unirán en una vigilia, para continuar con una serie de demostraciones que se extenderán por todo el estado con diferentes eventos, entre ellos marchas y protestas.

Se espera la llegada de miembros de varios grupos provenientes de otros estados en esta misma fecha que se unirán a la resistencia en contra de la SB1070.

NUEVA YORK, (EFE). Un ex agente de inmigración en Nueva York fue sentenciado a cumplir hasta cuatro años y medio de cárcel por haber exigido, y recibido, favores sexuales de una emigrante a cambio de concederle su residencia legal en Estados Unidos.

La Fiscalía de Queens informó que Isaac Baichu, de 59 años, hizo creer a la inmigrante que si no lo complacía, usaría su poder para negarle su permiso de residencia legal.

Baichu se declaró culpable el pasado abril de soborno, de recibir recompensa por su mala conducta y coerción, entre otros cargos, ante el juez de la Corte Suprema de Queens, James G. Griffin, quien hoy le condenó a cumplir entre año y medio y cuatro años y medio de cárcel, señaló además la fiscalía en comunicado de prensa.

El fiscal Richard Brown indicó que al declararse culpable, Baichu admitió que había llamado a una mujer casada cuya solicitud de residencia permanente él había recibido, para invitarla a encontrarse con él fuera de su oficina para discutir su caso.

ORLANDO, Florida (EFE). Un grupo de estudiantes y campesinos exigieron al senador republicano George Lemieux su apoyo para que el proyecto de ley "Dream Act" se apruebe en el Congreso federal antes de las elecciones legislativas de noviembre.

Las oficinas de Lemieux en Orlando recibieron la visita de estas tres decenas de personas, que pidieron su apoyo a la ley que podría resolver el limbo migratorio de unos 192.000 estudiantes y jóvenes de Florida.

"Llegamos a las oficinas del Senador George Lemieux con la esperanza de presionarlo y que demuestre con hechos lo que ha dicho, que apoya el Dream Act", aseguró a Efe Dominique Aulisio, una joven de 21 años y portavoz de la Red de Jóvenes y Adultos (YAYA, por sus siglas en inglés).

Junto a los jóvenes de YAYA estaban representantes de la Asociación Campesina de Florida y del Ministerio Nacional Cristianos de Trabajadores del Campo (NFWM, en inglés), una entidad sin fines de lucro que apoya a los trabajadores del campo.

Estancada
La legislación "Dream Act", propuesta inicialmente en 2001 y que permitiría regularizar a los estudiantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir 16 años, fue presentada de nuevo en marzo de 2009, pero permanece estancada en el Senado.

Esta medida permitiría que cerca de dos millones de estudiantes, de los cuales el 94 por ciento son hispanos, según datos del Instituto de Políticas Migratorias (MPI, en inglés), inicien una carrera universitaria o se alisten en el ejército estadounidense con un sueño aún más grande por cumplir: dejar de ser indocumentados.

Aulisio recordó que cerca de 65.000 estudiantes se graduan en

WASHINGTON. La mayoría de residentes de Arizona apoya la ley SB 1070 que criminaliza a los indocumentados, pero un porcentaje mayor respalda un plan de legalización de este sector de los inmigrantes, según un sondeo divulgado.

El 55 por ciento apoya la SB 1070, que entrará en vigor a fines de este mes, en tanto que el 36 por ciento la rechaza, de acuerdo con la encuesta de la firma WestGroup Research para el diario Arizona Republic.

Asimismo, 62 por ciento favorece la legalización de trabajadores indocumentados, frente a 31 por ciento que prefiere que regresen a sus países, señaló.

Casi la mitad de los encuestados cree en la actualidad que la ley SB 1070 podría discriminar a los latinos, pero la tercera parte rechaza esa idea.

El sondeo fue realizado entre el 30 de junio al 12 de julio a 616 personas y tiene un margen de error de 3.89 puntos porcentuales.

Por Susana Irles
WASHINGTON, (EFE). El tema de la reforma migratoria volvió al Congreso en una audiencia en la que la posibilidad de una "amnistía" a doce millones de indocumentados centró las disputas entre demócratas y republicanos, líderes religiosos y expertos.

El debate de una ley, que aun no cuenta con un borrador oficial, se ha polarizado desde que Arizona aprobó la legislación más dura del país sobre inmigración, a la que el Gobierno ha respondido con una demanda por considerar que se inmiscuye en asuntos federales.

Esta vez las diferencias sobre la necesidad de una reforma migratoria se manifestaron en el subcomité de Inmigración, Ciudadanía, Refugiados, Seguridad Fronteriza y Derecho Internacional.

Lo correcto y lo incorrecto
Representantes de las dos mayores congregaciones religiosas del país apelaron al sentido humanitario de la reforma migratoria.

"No es un asunto de republicanos o demócratas. Es un asunto entre lo correcto y lo incorrecto", defendió Richard Land, presidente del Comité de Libertad Religiosa y Ética de la Convención de Baptistas del Sur.

Igualmente, Gerald F. Kicanas, obispo de la archidiócesis de Tucson, Arizona, y vicepresidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, denunció un sistema migratorio que "no aprueba el examen moral" de los derechos de proteger las vidas y la dignidad de personas.

Punto de discordia
Pero el congresista republicano por Iowa Steve King interpeló a los testigos sobre los peligros de su enfoque "caritativo" y recordó que en 1986, cuando la administración de Ronald Reagan aprobó la legalización de indocumentados, se prometió "no más amnistías".

"Yo definiría amnistía como perdonar los inmigrantes que incumplen la ley y premiarlos en el objetivo de su delito, pero no sabemos cuáles son sus verdaderos objetivos", argumentó antes de preguntar qué significaba para ellos esa palabra.

Mathew D. Staver, profesor la Universidad Libertad, de mayoría cristiana bautista, advirtió de las discusiones "irracionales" a las que conduce utilizar la amnistía como un punto de discordia y de alarma.

Rodeada por cinco generaciones de familiares, la mexicana Ignacia Moya de 106 años de edad y radicada desde hace 40 en Chicago, se convirtió en uno de los inmigrantes de mayor edad en acceder a la ciudadanía en Estados Unidos.

Moya nació en Jalisco (Guadalajara) y se crió en Tampico (Tamaulipas. Acompañaron a Moya dos de sus tres hijos, 14 nietos, 20 bisnietos y ocho tataranietos, todos ciudadanos estadounidenses y residentes en Chicago.

Ignacia Moya fue la niñera de varias generaciones en su familia en México hasta que se mudó a los Estados Unidos en 1970, tres años después del fallecimiento de su esposo.

Quiere votar
Consultada sobre las razones que la llevaron a convertirse en ciudadana después de tantos años de residencia, Moya dijo que quería seguir los pasos de sus hijos, y "además quiero votar".

Moya, que vive con su hijo Miguel y su nuera Elvia, intentó durante más de veinte años cumplir con los requisitos para acceder a la ciudadanía pero fracasó varias veces en los exámenes.

Según recordó hoy, la primera vez que solicitó la naturalización fue en 1986 pero fue rechazada al no poder pasar el examen de inglés, aunque "había estudiado mucho".

Con el paso del tiempo, y al progresar sus problemas de ceguera y de pérdida de la audición, la familia decidió que en lugar de solicitar la renovación de su tarjeta de residente Moya debía intentar nuevamente obtener la ciudadanía.

Ejemplo de civismo
Esta vez, con la ayuda del congresista Luis Gutiérrez (D-Chicago) se logró que Moya recibiera una dispensa médica que le permitió naturalizarse sin necesidad de pasar por los exámenes de inglés y de conocimiento de la historia y gobierno de Estados Unidos.

El puertorriqueño Gutiérrez, cuya oficina ha ayudado con los trámites de ciudadanía a más de 50.000 personas en 17 años, también estuvo presente en la ceremonia y dijo que el caso era un "ejemplo de civismo" que contraría el convencimiento general

Por Maribel Hastings
¿Qué tiene que ver la SB1070 con las lechugas de Yuma, Arizona? A simple vista parece que no mucho. Pero cuando comience la pizca (recolección) de lechuga y de otros vegetales y frutas en Yuma de noviembre a febrero, la cosa puede cambiar.

Si la SB1070 se implementa, muchos trabajadores agrícolas sin documentos, o con ellos, por temor, optarían por no ir a Arizona cuando los agricultores enfrentan escasez de mano de obra en el campo. Se afectaría la cosecha, y finalmente se reflejaría en los precios al consumidor.

"Esto puede tener un impacto tremendo en todos los vegetales y las frutas que normalmente se pizcan en Arizona de noviembre a febrero. Es la zona donde más vegetales se cosechan, en esa temporada, en cualquier parte de Estados Unidos. Es importante que tengamos la cantidad necesaria de trabajadores para hacer la labor", declaró a America's Voice el presidente del Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW), Arturo Rodríguez.

Tomen nuestros empleos
El líder sindical apareció en el programa de sátira política Colbert Nation para promover la campaña "Tomen Nuestros Empleos", que reta a registrarse y trabajar en los cultivos a quienes creen que los indocumentados que laboran los campos le quitan trabajos a los estadounidenses. La iniciativa promueve la medida AgJOBS para legalizar trabajadores agrícolas.

Más de 60% de los 2.5 millones de trabajadores agrícolas en Estados Unidos son indocumentados.  "Cinco mil personas han mostrado interés en obtener información, pero sólo tres están trabajando en el campo. Los demás, cuando supieron las condiciones de trabajo, decidieron no hacerlo", agregó.

"Un señor nos mandó un correo electrónico diciendo: 'Quiero asegurarme de que voy a ganar 1,200 dólares a la semana'. Es imposible. Nadie gana eso trabajando en el campo", afirmó.

A $50 la hora
Hace unos años el senador republicano de Arizona, John McCain, causó revuelo al declarar que le pagaría 50 dólares la hora a quienes fueran a pizcar lechugas en Yuma, y afirmar que "no necesito decir que hay trabajos que los estadounidenses no quieren hacer".

Desde entonces muchas cosas han cambiado. McCain, quien alguna vez abogó por la reforma migratoria, ahora defiende la SB1070 y criticó, junto al también senador republicano de Arizona, Jon Kyl, la demanda del gobierno federal contra Arizona.

Al cuadro complicado se suman las 'redadas silenciosas' sobre la cuales reportó The New York Times, consistentes en auditorías del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) a empresas con discrepancias entre nombres y números de Seguro Social de sus empleados. Quienes no aclaren la discrepancia, son despedidos.

El diario cita el caso de Gebber Farms, en el estado de Washington, que en diciembre despidió a más de 500 empleados. "Tras los despidos, Gebbers Farms anunció cientos de trabajos para la recogida en los huertos de árboles frutales, pero hubo pocos solicitantes en el estado".

Pasadas su primaria y las elecciones de noviembre, y si resulta reelecto, ¿qué dirá McCain de las lechugas de Yuma?

Maribel Hastings es Asesora Ejecutiva y Analista de America's Voice, organización sin ánimo de lucro que promueve la aprobación de una reforma migratoria.

DENVER, (EFE). Una familia de ciudadanos de Estados Unidos que reside en Carbondale, en el oeste de Colorado, denunció que agentes federales de inmigración realizaron "por error" una redada en su vivienda e incluso amenazaron con deportarlos.

Brendan Greene, de la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC, en inglés), explicó que el pasado 13 de julio más de una docena de agentes federales llegaron a primera hora de la mañana a la residencia que Marco Guevara comparte su padre, Aníbal Guevara-Stone, y su madrastra, Laurie Guevara-Stone.

Los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) sacaron a Marco de la vivienda y lo esposaron, a pesar de que tanto él como sus padres informaron de que todos ellos son ciudadanos de Estados Unidos y que tenían los documentos para demostrarlo.

Verificando
La mujer es nacida en Estados Unidos, mientras que el padre y el hijo, ambos de origen ecuatoriano, recibieron la ciudadanía estadounidense hace varios años.

"Sólo después de que los padres lograron convencer a los agentes de que Marco tenía su pasaporte y después que los agentes revisaron ese pasaporte, el joven fue liberado", informó Green.

Pero, dijo Green, la redada no terminó allí, como tendría que haber sucedido, "ya que la ICE no tiene autoridad sobre ciudadanos estadounidenses".

Durante media hora más, los agentes revisaron el pasaporte y el certificado de ciudadanía que Aníbal Guevara-Stone recibió en

WASHINGTON, (EFE). El Gobierno informó que el plazo para la reinscripción para el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) para nicaragüenses y hondureños terminó el 6 de julio, pero acepta solicitudes tardías con una carta que explique el motivo del retraso.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración quiso aclarar esta información, después de que el canciller de Honduras, Mario Canahuati, dijera que Estados Unidos había ampliado por 30 días el período para la reinscripción, lo que ha sido desmentido.

En un comunicado, esta agencia gubernamental explica que aunque ha acabado ya el plazo, si un inmigrante presenta una solicitud tardía y demuestra que tenía una razón válida para el retraso, podrá seguir beneficiándose de todos los derechos que confiere el TPS.

Aún así, el Gobierno pidió a los solicitantes que tengan en consideración que si las solicitudes llegan tarde, los trámites para procesarlas también pueden retrasarse.

Esto puede suponer en algunos casos que los solicitantes pasen una temporada sin una autorización legal de trabajo en Estados Unidos, según indicó el Gobierno.

NUEVA YORK,  (EFE). Los alcaldes de Nueva York, Michael Bloomberg, y de Los Ángeles, Antonio Villarraigosa, así como directivos de grandes corporaciones como Boeing, Disney o Hewlett Packard, abogaron por una reforma de inmigración como una vía para reactivar la economía.

Bloomberg anunció la iniciativa "Alianza por una nueva economía estadounidense", que contempla la reforma migratoria como solución para reanimar la economía estadounidense y busca que se sumen a ella las grandes empresas y los alcaldes de las grandes ciudades de este país.

"Los inmigrantes han sido siempre una parte esencial de la fortaleza económica de Estados Unidos", afirmó el alcalde neoyorquino que subrayó que "esta coalición busca un cambio en nuestra política migratoria actual, que está erosionando nuestra economía y amenaza nuestra posición como líder mundial".

Romper el punto muerto
Asimismo subrayó que muchas de las nuevas empresas que se están formando lo hacen fuera de este país, y con ello se llevan los puestos de trabajo creados "porque muchos empresarios no obtienen las tarjetas verdes (permisos de trabajo) que se necesitan aquí".

Bloomberg afirmó que "hay que romper el punto muerto legislativo que al respecto hay en el Congreso, si Estados Unidos quiere ser competitivo en el siglo XXI".

El presidente y fundador de News Corporation, Rupert Murdoch, señaló por su parte que "hay que aumentar la presión sobre los congresistas" y mostrar a la opinión pública estadounidense los beneficios que aportan los trabajadores migrantes.

Apertura y diversidad
Además de Murdoch, también participan en esa alianza los presidentes de Hewlett Packard, Mark Hurd; de Walt Disney, Robert Iger; de la cadena de hoteles Marriott, J.W. Marriott y de Boeing, Jim McNerney, así como los alcaldes de Nueva York, Los Angeles, San Antonio (Texas), Phoenix (Arizona) y Filadelfia (Pensilvania).

"El ingenio estadounidense es producto de la apertura y diversidad de esta sociedad. Los inmigrantes han hecho de Estados Unidos el líder mundial en negocios, ciencia, educación e innovación", subrayó Murdoch.

El magnate de los medios de comunicación de origen australiano recordó su condición de inmigrante en Estados Unidos y su convencimiento de que este país "puede y debe adoptar una nueva política migratoria que permita cumplir con las necesidades de empleo, proporcione una vía legal para los residentes indocumentados y ponga fin a la inmigración ilegal".

Creadores de empresas
Según los últimos estudios sobre ese sector de la población, el 25% de las empresas tecnológicas creadas en los últimos diez años tienen a un inmigrante como su fundador, además de que los inmigrantes generan en torno al 5% del producto interior bruto de Estados Unidos.

Además, las compañías fundadas por inmigrantes en Estados Unidos han creado más de 400.000 puestos de trabajo en el país desde 1990. Se calcula que en Estados Unidos hay 12 millones de trabajadores inmigrantes sin documentos legales.

La inmigración, dijo el presidente de Walt Disney, "es nuestra gran fortaleza como nación y también es crítica para el crecimiento económico", al tiempo que agregó que para seguir siendo competitivos se necesita una reforma migratoria que "invite a la gente a contribuir a su propio sueño americano".

En la arena política
Por su parte, el presidente de la cadena de hoteles Marriott admitió que sin los trabajadores inmigrantes "no podríamos operar nuestros hoteles en Estados Unidos. En algunos de ellos sus trabajadores hablan hasta 50 idiomas diferentes, y esa diversidad es la que nos representa en el mundo".

Por María Peña
WASHINGTON,  (EFE). Grupos pro-inmigrantes se reunieron a puerta cerrada con líderes demócratas del Senado para analizar la posibilidad de que, ante el clima político actual, el Congreso apruebe, al menos, un programa de legalización para estudiantes y trabajadores agrícolas.

Así lo confirmó a Efe una fuente legislativa que pidió el anonimato por la sensibilidad del asunto y porque no está autorizada para hablar del tema.La idea no es abandonar una reforma migratoria integral que eventualmente permita la legalización de los doce millones de inmigrantes indocumentados que se calcula viven en Estados Unidos.

Parte de la enchilada
Pero, ante las reducidas posibilidades de que ésta se logre antes de los comicios legislativos del próximo 2 de noviembre, los activistas consideran que, por ahora, es mejor conseguir "parte de la enchilada" que nada en concreto.

"No es que estén abandonando la reforma migratoria integral. Pero si se está cerrando la ventana de oportunidad para un plan integral, estas medidas serían como una especie de cuota inicial hacia una estrategia a largo plazo para conseguir la reforma", explicó la fuente.

El campo y los estudiantes
Así, durante la reunión, los representantes de los grupos pro-reforma discutieron con los senadores la posibilidad de que el Congreso apruebe este año los proyectos de ley conocidos como "AgJobs" y el "Dream Act".

"AgJobs", respaldada por congresistas de estados agrícolas, permitiría la legalización de poco más de un millón de trabajadores del campo en Estados Unidos, la mayoría de ellos inmigrantes.

El campo y el estudio
Según los congresistas partidarios de "AgJobs", en 2007 y 2008 la escasez de trabajadores agrícolas paralizó las labores en al

Por María Peña
WASHINGTON,  (EFE). Grupos pro-inmigrantes se reunieron a puerta cerrada con líderes demócratas del Senado para analizar la posibilidad de que, ante el clima político actual, el Congreso apruebe, al menos, un programa de legalización para estudiantes y trabajadores agrícolas.

Así lo confirmó a Efe una fuente legislativa que pidió el anonimato por la sensibilidad del asunto y porque no está autorizada para hablar del tema.

La idea no es abandonar una reforma migratoria integral que eventualmente permita la legalización de los doce millones de inmigrantes indocumentados que se calcula viven en Estados Unidos.

Parte de la enchilada
Pero, ante las reducidas posibilidades de que ésta se logre antes de los comicios legislativos del próximo 2 de noviembre, los activistas consideran que, por ahora, es mejor conseguir "parte de la enchilada" que nada en concreto.

"No es que estén abandonando la reforma migratoria integral. Pero si se está cerrando la ventana de oportunidad para un plan integral, estas medidas serían como una especie de cuota inicial hacia una estrategia a largo plazo para conseguir la reforma", explicó la fuente.

"Estos grupos expresaron su deseo de que este año no pase en blanco, que se logre la aprobación algunos elementos clave de esa reforma", agregó.

Así, durante la reunión, los representantes de los grupos pro-reforma discutieron con los senadores la posibilidad de que el Congreso apruebe este año los proyectos de ley conocidos como "AgJobs" y el "Dream Act".

Los participantes
Según la misma fuente, en la reunión participaron, de parte del Senado, el líder de la mayoría demócrata, Harry Reid, y los senadores Diane Feinstein (California), Richard Durbin (Illinois) y Bob Menéndez (Nueva Jersey).

De los grupos del movimiento pro-reforma participaron representantes de America's Voice, el Consejo Nacional de La Raza (NCLR), el Sindicato de Trabajadores del Campo (UFW), Reform Immigration for America, y CHIRLA, agregó la fuente.

Consultados por Efe, ninguno de los grupos quiso hablar del contenido de la reunión.

La reunión sirvió para dar "seguimiento" a los esfuerzos de los congresistas que impulsan la reforma migratoria.

"AgJobs", respaldada por congresistas de estados agrícolas, permitiría la legalización de poco más de un millón de trabajadores del campo en EEUU, la mayoría de ellos inmigrantes.

El campo y el estudio
Según los congresistas partidarios de "AgJobs", en 2007 y 2008 la escasez de trabajadores agrícolas paralizó las labores en al menos 405.000 hectáreas de tierra cultivable en todo Estados Unidos.

Esa escasez afecta especialmente a estados como California, Maine, Washington y Georgia.

CHARLOTTE, Carolina del Norte (EFE). Más de 20.000 indocumentados han sido deportados en seis meses al ser identificados por el programa Comunidades Seguras que opera en 21 condados de Carolina del Norte, según cifras del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

Según Bárbara González, portavoz de ICE, desde el 27 de octubre de 2009 al 30 de abril de 2010, 2.261.687 detenidos en esas áreas fueron procesados por el programa que investiga sus antecedentes criminales y migratorios mediante el acceso directo a las bases de datos de ICE y de la Oficina de Investigación Federal (FBI) cuando entran a las cárceles.

De ese total, sólo 20.525 han sido puestos en proceso de deportación o ya han sido expulsadas del país de 30.510 inmigrantes que fueron identificados como indocumentados por ICE.

“Amenaza para la comunidad”
Con Comunidades Seguras, ICE busca identificar, detener y retirar a los extranjeros delincuentes que representan una "amenaza para la comunidad" mediante el establecimiento de acuerdos con agencias locales del orden público.

Sin la medida, ICE argumenta que los extranjeros peligrosos tendrían la posibilidad de salir de las cárceles bajo fianza pero defensores de los derechos de los inmigrantes enfatizan que es

Cerca del 15 por ciento de los matrimonios contraídos en Estados Unidos en 2008 fue entre cónyuges de distintas razas o etnias, y la inmigración de América Latina y Asia contribuyó a aumentar esa tendencia, según un estudio divulgado.

El análisis del Centro de Investigación Pew señaló que el número de matrimonios interraciales en Estados Unidos es seis veces mayor al registrado en 1960, cuando varios estados de la nación aún tenían, hasta 1967, leyes que prohibían las bodas de blancos con negros o de otras minorías.

Cuando nació el presidente Barack Obama en 1961, por ejemplo, menos de uno de cada mil matrimonios en Estados Unidos fue entre negros y blancos, como fue el caso de sus progenitores: su padre era un inmigrante keniano y su madre, una mujer blanca de Kansas.

El informe de 41 páginas precisa que el 14,6 por ciento de los nuevos matrimonios en Estados Unidos, o uno de cada siete, fue entre personas de distintas razas o etnias.

Entre todos los recién casados en 2008, el nueve por ciento de los blancos, 16 por ciento de los negros, 26 por ciento de los hispanos y 31 por ciento de los asiáticos se casaron con personas fuera de su conjunto racial o étnico.

Los estados de Hawai, Nevada y Oregón registraron el mayor aumento de casamientos multiculturales.

El informe reflejó variaciones entre los géneros en 2008, ya que un 22 por ciento de los hombres negros se casó con alguien fuera de su raza, en comparación con el nueve por ciento de las mujeres negras.

Entre los asiáticos, el 40 por ciento de las mujeres se casó fuera de su raza, comparado con el 20 por ciento de los hombres que hizo lo mismo.

Rompiendo el tabú
Entre los negros e hispanos, el análisis no encontró diferencias en la tasa de matrimonios interraciales desde 1980. Los hispanos, un término usado por el Censo para distinguir a los inmigrantes de países donde se habla español, pueden ser de cualquier raza.

En 2008, el 41 por ciento de los nuevos matrimonios fue entre blancos e hispanos, mientras que el 15 por ciento fue entre blancos y asiáticos, y el 11 por ciento entre blancos y negros, según el documento.

El resto fue entre cónyuges de otros grupos minoritarios o en los

El 58 por ciento de los votantes estadounidenses aprueba negar la ciudadanía a los hijos de inmigrantes indocumentados, según una encuesta nacional difundida.

De acuerdo con el sondeo de la compañía Rasmussen Reports, el 58 por ciento de los encuestados considera que los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en este país no deberían ser ciudadanos automáticamente.

Mientras que el 33 por ciento de las 1.000 personas encuestadas a nivel nacional apoyan la ley actual que estipula que si una mujer entra de manera ilegal a Estados Unidos y da a luz, el menor automáticamente es ciudadano de este país.

Por Alexandra Vilchez
Agencia EFE
La propuesta de ley de inmigración en Carolina del Sur similar a la SB1070 de Arizona no será aprobada este año, pero los legisladores pronostican que su discusión será prioridad en la sesión de 2011.

La propuesta de ley requiere a los agentes del deber local y estatal revisar la situación legal de detenidos y arrestados por cometer otras faltas que no fuesen migratorias y convierte en crimen la solicitud de trabajo por parte de un inmigrante sin papeles.

Como la legislación fue introducida muy tarde en la sesión legislativa corta de 2010, un comité judicial del senado decidió reiniciar las discusiones de las repercusiones de la medidas a principios del próximo año.

Va a costar bastante
Sin embargo, el proyecto de ley fue analizado por el fiscal general de Carolina del Sur, Henry McMaster, quien dijo que "no viola los estatutos de la Constitución" y específicamente "prohíbe la discriminación y el perfil racial".

El reporte de McMaster además enfatizó que la puesta en marcha de la legislación generaría costos adicionales a las agencias del orden público como el Departamento de Correcciones, Seguridad Pública y División de Investigaciones (SLED).

Debate intenso
Legisladores críticos a la ley manifestaron que será imposible determinar el tiempo que un indocumentado pasará en la cárcel local hasta que se haga cargo el Servicio de Inmigración (ICE), lo que acarrea costos adicionales por su encarcelamiento.
Los defensores de los inmigrantes pronostican que en 2011 se avecina un debate intenso, que profundizará más las divisiones existentes entre los hispanos y las demás comunidades del estado.

Por María León
NOGALES, Arizona (EFE). Ni los peligros del desierto de Arizona, ni la polémica ley estatal SB1070 detienen el flujo de inmigrantes indocumentados que continúan cruzando la frontera en su intento por encontrar un trabajo en Estados Unidos.

Según las últimas cifras de la Patrulla Fronteriza, las detenciones de inmigrantes indocumentados se han incrementado un 6 por ciento desde el pasado 1 de octubre hasta el 30 de abril con un total de 148.232 arrestos, ocho mil más que el año pasado durante el mismo periodo.

Con cerca de 3.200 agentes de la Patrulla Fronteriza vigilando la frontera de Arizona, el cruce de inmigrantes indocumentados es cada vez más difícil y peligroso, pero ello no evita que sigan aumentando los intentos.

Que sea lo que Dios quiera
La reciente aprobación de la ley estatal SB1070 en Arizona se ha convertido en el centro del debate a ambos lados de la frontera y mientras genera inquietud entre los indocumentados que viven en Estados Unidos no parece que provoque temor entre los que quieren salir de México.

"Qué le vamos hacer, que sea lo que Dios quiera", dijo a Efe Mario Martínez, mexicano de 36 años de edad y originario del estado de México.

Martínez, junto con un grupo de cinco hombres entre ellos uno de sus primos de 18 años de edad, lleva más de siete días en la ciudad fronteriza de Nogales (Sonora, México), esperando "el mejor momento" para el cruce.

Este grupo ya ha sido detenido dos veces por la Patrulla Fronteriza, la última vez cuando llevaban tres días caminando por el desierto, pero aun así aun no han perdido la esperanza de llegar a Tucson (Arizona), donde esperan sean transportados hasta su destino final: Los Angeles (California).

"Yo no sabia nada de esa ley hasta que llegue aquí", dijo Martínez.

Vale la pena el riesgo
Al inmigrante indocumentado le preocupa la idea de que pueda ser encarcelado por cruzar la frontera de manera ilegal, pero considera que "vale la pena el riesgo".

"Somos gente muy pobre, desde hace un año no tengo un empleo fijo en México y ya no podemos seguir así", dijo el joven padre de dos hijos.

Agregó que sus pocos ahorros los ha invertido para poder llegar "al norte" y ahora lo único que le queda es seguir intentando el cruce.

Por Alexandra Vilchez
CHARLOTTE, Carolina del Norte (EFE). Más de 8.500 indocumentados han sido puestos en proceso de deportación tras ser identificados por el programa 287g en un condado de Carolina del Norte, mientras la comunidad inmigrante pide su desmantelamiento al cumplirse cuatro años de su implementación.

El 6 de mayo de 2006, la cárcel del condado Mecklenburg, donde está localizada Charlotte, la ciudad más grande del estado, comenzó oficialmente a investigar el estado migratorio de los extranjeros detenidos, independientemente de la falta cometida.

Doce alguaciles de Mecklenburg fueron entrenados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para identificar a los indocumentados tras la firma de un acuerdo bajo la sección 287g de la ley migratoria vigente desde 1996.

De esa manera, Mecklenburg se convirtió en el primer condado de la costa este del país en establecer un acuerdo entre el Gobierno federal y estatal para establecer una comunicación más efectiva entre las agencias del orden público.

El ex alguacil del condado, Jim Pendergraph, con la ayuda de la congresista republicana Sue Myrick, logró impulsar el programa en otros condados del estado bajo la consigna de que la 287g "sacaba de las calles a criminales peligrosos".

Ejemplo a seguir
En un año, la aplicación del 287g en Mecklenburg se convirtió en un "ejemplo a seguir" para otros estados del país para "combatir la inmigración ilegal".

Para 2008, el programa se aplicaba en 8 condados de Carolina del Norte, convirtiendo a este estado en el segundo a nivel nacional con más acuerdos entre ICE y gobiernos locales para fichar a los inmigrantes "sin papeles", después de Virginia con 9.

El éxito de Pendergraph con el 287g fue tan contundente que la ex -subsecretaria de Seguridad Nacional para asuntos de Inmigración y Aduanas, Julie Myers, lo designó en octubre de 2007 como director ejecutivo y coordinador estatal y local de ICE.

Básicamente, el trabajo de Pendergraph era promover el programa entre las otras municipalidades de la nación con el fin de proteger "la seguridad nacional y pública", pero a menos de un año en el cargo decidió renunciar y regresar a Charlotte.

“Exitoso y transparente”
Para el actual alguacil de Mecklenburg, Daniel "Chipp" Bailey, en los cuatro años de funcionamiento "exitoso" y "transparente" del 287g en Charlotte se ha logrado "mantener a la comunidad a salvo".

"Para mí el programa ha servido para identificar a las personas que llegan a la cárcel y así resguardar la seguridad del lugar. Siempre

No existen estadísticas sobre el número de trabajadores sin documentos que laboran en la construcción en Carolina del Sur, un estado que se convirtió hace varios años en un "imán" de atracción de inmigrantes precisamente por los trabajos de esta industria.

Por Alexandra Vilchez
Agencia EFE
Una compañía de construcción en Carolina del Sur se ha convertido en el "modelo a seguir" por ser la primera en las Carolinas en firmar un acuerdo con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para evitar contratar trabajadores sin "papeles".

Coastal Steel and Acoustics (CSA), cuya oficina principal está localizada en las afueras de la ciudad costera de Myrtle Beach, se considera una empresa "líder" del área en la instalación de vigas de metal, techos acústicos, paneles de yeso, para proyectos comerciales y renovaciones.

El acuerdo establecido entre CSA y la agencia federal forma parte del programa voluntario IMAGE o "Entendimiento Mutuo entre el Gobierno y Empleadores", que ofrece el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para "reestablecer la integridad" al sistema de inmigración.

El programa IMAGE
ICE dará a CSA entrenamiento en la contratación de empleados, detección de documentos fraudulentos, prácticas anti-discriminatorias y utilización del programa E-Verify que comprueba la identidad de la persona.

Según ICE, el E-Verify, sistema electrónico gratuito y disponible a todas las empresas del país, ofrece acceso directo a la base de datos de la oficina del Seguro Social y DHS.

Bárbara González, portavoz de ICE, afirmó a Efe que la empresa de construcción es la primera de las Carolinas en tener IMAGE, el cual ayuda a reducir la mano de obra sin autorización y el uso fraudulento de documentos.

Reacción de un líder
Sin embargo, estas compañías están teniendo un doble juego y cubriendo sus espaldas para quedar bien con el Gobierno ante posibles otorgamientos de proyectos federales a empresas de construcción que cumplan con las leyes", dijo a Efe Iván Segura, director del Consejo de Liderazgo Hispano, con sede en Columbia, capital del estado.

LOS ANGELES, (EFE). La legalización de los inmigrantes indocumentados no producirá, al menos a corto plazo, una mejora sustancial en sus oportunidades de empleo, aumento de sus ingresos o mayor competitividad con respecto a los trabajadores nacidos en Estados Unidos, señala un informe.

Los inmigrantes con pocas calificaciones podrán desempeñar algunos empleos, pero no obtendrán cambios significativos de ingreso por su trabajo, asegura un reporte difundido este martes por el Institito de Política Pública de California (PPIC, en inglés).

"Un programa de legalización no tiende a liderar cambios significativos en el mercado laboral", destacó Laura Hill de PPIC, una de las investigadoras que preparó el informe "Legalización de Inmigrantes: Enfrentando los Efectos en el Mercado Laboral".

"No esperaríamos que ello afecte significativamente las proyecciones de empleo de los trabajadores de baja calificación en el corto plazo, ya sean inmigrantes o nacidos en el país", agregó la investigadora.

Efectos en la economía
De la misma forma, el análisis descarta que una legalización produzca efectos notables en la economía.
El reporte analizó los resultados de la Encuesta de Nuevos Inmigrantes (NIS, en inglés) -aplicada a cerca de 4.500 personas legalizadas junto con los resultados de la Ley de Reforma y Control de Inmigración (IRCA en inglés) de 1986, proyectándolos a una posible legalización actual.

De los cerca de 3 millones de inmigrantes legalizados en 1986, estudios de seguimiento encontraron que las perspectivas ocupacionales y de empleo mejoraron para ellos a principios de 1990, aproximadamente cuatro años después de haber legalizado su situación y no inmediatamente.

El análisis atribuye estas mejoras posteriores a una mayor capacitación y un mejor dominio del inglés, entre otros, y no como resultado inmediato del nuevo estatus legal.

"También encontramos muy poca evidencia que soporte la visión de que este paso tendrá efectos significativos en la economía en general, particularmente en ingresos por impuestos o programas de asistencia pública", afirma el estudio.

En impuestos, poco
Debido a que la mayoría de los trabajadores no autorizados presenta ya declaraciones de impuestos, no se espera que una legalización masiva produzca un ingreso notable en la recaudación.