Por Alexandra Vilchez

COLUMBIA. Los mexicanos en Carolina del Sur están "confundidos" sobre las cláusulas que están vigentes de la ley de inmigración SB20 que entró en vigor el 1 de enero de 2012 por lo que activistas apuran campañas de información para aclarar dudas.

"Aquí, lo que reina es la confusión y la desinformación", comentó a Efe José Luis Cortez, de 44 años, quien asistió hace pocos días a la primera jornada móvil del Consulado General de México en este estado que reunió a más de mil personas.

Según el mexicano, que se dedica a reparar llantas en un taller mecánico en West Columbia, los inmigrantes continúan temiendo encontrarse con la Policía, aunque saben que no pueden pedir los papeles por el bloqueo de algunas cláusulas de la legislación.

Qué se castiga

El juez federal Richard Gergel bloqueó 10 días antes de entrar en vigor tres de las partes más controvertidas de la SB20, entre la que se encontraba permitir a los agentes del deber cuestionar el estado migratorio de un detenido por otro delito.

Las otras previsiones bloqueadas se refieren a la criminalización del transporte o movilización de migrantes sin papeles, y el hecho de no portar documentos migratorios.

Sin embargo, sí entró en vigencia la previsión que castiga con cárcel a los falsificadores y vendedores de documentos de identidad falsos y obliga a las empresas a utilizar el E-Verify para comprobar que los empleados pueden trabajar legalmente en el país.


El 9 de enero, el mismo juez dictaminó que esperaría la decisión de la Corte Suprema para tomar un decisión sobre el futuro de la ley migratoria en Carolina del Sur.

En Carolina del Sur viven 138.338 mexicanos de un total de 235.000 hispanos, según cifras del Censo 2010.La población hispana de este estado aumentó 147,9 por ciento durante la última década, la de mayor crecimiento en el país.

Los papeles, lo más grave

Para David Villaseca, de 37 años, lo más difícil de vivir en Carolina del Sur con la nueva ley es conseguir empleo, "ya que están revisando los papeles".

"Estoy desempleado actualmente y me da miedo ir a pedir trabajo. La vida aquí está muy difícil", afirmó el veracruzano, residente en el condado Lexington, al oeste del estado.

Asimismo, Nina Clemente, de 40 años y residente en Columbia desde 2009, agregó que la falta de información entre los mexicanos sobre la medida "complica" su vida diariamente.

"Muchos se han ido de Carolina del Sur antes de que comenzara la ley porque los empleadores comenzaron a utilizar el programa E-Verify. Aquí sabemos lo que es esa medida. No hay mucho trabajo por lo malo de la economía", acotó Clemente a Efe.

Incertidumbre

Por su parte, Jorge Hernández, de 26 años, que desde hace 8 años trabaja en el campo recogiendo maíz, tomate y otros cultivos en la zona de Sumter, en el centro, comentó que el ambiente en el sector agrícola también es de "incertidumbre".

"Sabemos que los granjeros nos necesitan y por eso no hay mucho temor por la ley, pero desconocemos lo que pueda pasar los próximos meses, si nos comienzan a revisar los documentos por la SB20", dijo Hernández, de Veracruz.

Por Raquel Godos

Abogados y líderes vinculados al programa piloto de revisión de deportaciones mostraron su frustración al considerar que, aunque es un paso positivo, "los procesos son muy lentos y no es una solución real al problema".

"La gente no está logrando mejorar su estatus pese a estas medidas, sus casos están básicamente congelados. No es la solución excepto para algunos casos concretos", explicó en conferencia telefónica Laura Lichter, presidenta de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración de Denver.

"Para mucha gente poner estos casos en espera, lo que en otras circunstancias sería una deportación inevitable, es algo maravilloso, pero para la mayoría la solución sería poner sus casos en manos de abogados que pudieran averiguar cuál es la solución", añadió.

Nueva fase

El pasado 18 de agosto, el presidente Barack Obama anunció un cambio en la aplicación de la ley migratoria que suponía revisar "caso por caso" los procesos judiciales de unos 300.000 indocumentados que afrontan trámites de deportación, lo que permitiría a muchos de ellos no sólo quedarse en Estados Unidos, sino además solicitar permisos de trabajo.

En cuanto a los casos pendientes, la agencia puso en marcha el 4 de diciembre una nueva fase, consistente en dos programas piloto de seis semanas en las que los abogados han examinado cada uno de los procesos acumulados en los tribunales de inmigración de Baltimore (Maryland) y Denver (Colorado).

A partir de ahora, una vez terminada esa fase, las autoridades decidirán cómo ampliar el modelo de esos programas piloto a los tribunales de inmigración de todo el país.

Casos aislados

Aunque el anuncio de Obama suscitó grandes esperanzas entre muchos inmigrantes, hasta ahora no se había aplicado más que en algunos casos aislados, lo que desilusionó a indocumentados que esperaban ver aliviadas sus órdenes de deportación.

A los ojos de Anna Gallagher, fiscal en Washington y especialista en casos de inmigración, el gobierno no ha sabido poner todo de su parte para informar.

"El programa piloto no ha informado bien a la gente afectada, que además es un grupo social muy vulnerable, así que si el programa va a extenderse al resto del país tiene que cambiar absolutamente", consideró.

"En Baltimore, nuestra primera preocupación es que la gente que está involucrada en estos procesos no sabe qué es lo que tiene que hacer, aún tienen miedo, y no saben hacia dónde tienen que dirigirse", subrayó Gallagher.

La directora de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado, Julie Gonzales, advirtió de que ese estado alberga numerosos casos de inmigrantes que pueden llegar a ser deportados y valoró la medida como "un regalo tras muchos años de restricciones".

Sin embargo, coincidió con sus colegas en que es "un proceso muy lento que además deja a muchas personas en el limbo".

Por Macarena Vidal

Agencia EFE

El gobierno de Estados Unidos anunció en días recientes una propuesta para reducir, en determinadas circunstancias, el tiempo de separación de ciudadanos estadounidenses y sus esposos o hijos indocumentados mientras éstos regularizan su situación.

En concreto, el cambio beneficiará a aquellas familias de estatus dual en las que un padre, madre o cónyuge de nacionalidad estadounidense pueda demostrar que la ausencia prolongada de su pareja o de su hijo para tramitar en su país de origen un visado de residencia en Estados Unidos le acarreraría al ciudadano un "perjuicio extremo".

Según explicó a la prensa el director del Servicio de Inmigración y Aduanas (USCIS), Alejandro Mayorkas, "este cambio regulatorio propuesto reduce de manera significativa el tiempo que los ciudadanos de Estados Unidos pasan separados de sus cónyuges e hijos bajo ciertas circunstancias mientras esos familiares pasan el proceso de recibir visados para convertirse en inmigrantes legales en E.U.".

Un prolongado castigo

En la actualidad, los esposos o hijos extranjeros de ciudadanos estadounidenses que deben salir del país para tramitar un permiso de residencia se ven vetados por ley de regresar hasta diez años a Estados Unidos si han violado las leyes migratorias.

Si han incurrido en una violación migratoria durante más de 180 días, pero menos de un año, la ley les prohíbe el reingreso en Estados Unidos durante tres años. Si la irregularidad ha durado más de un año, la prohibición se eleva a los diez años.

La ley contempla, no obstante, una excepción en aquellos casos en los que el familiar estadounidense demuestre que la ausencia de su hijo o cónyuge le acarrearía un "perjuicio extremo", sea económico, de salud o humanitario.

Una excepción

En estos casos, el familiar del ciudadano estadounidense puede requerir, una vez que se encuentra de regreso en su país de origen, una excepción ("waiver") para que se le permita volver a Estados Unidos sin cumplir la prohibición. Pero incluso en estas ocasiones, la espera es de al menos seis meses, en ocasiones más de un año.

El cambio anunciado prevé que estas personas puedan solicitar el "waiver" en territorio de Estados Unidos, antes de emprender viaje a su país.

El USCIS examinará su caso y, si lo encuentra válido, concederá una excepción provisional.

Una vez en su país, el familiar en situación irregular se someterá a una entrevista consular. Si no se detectan problemas, el permiso se hará firme y la persona podría regresar a Estados Unidos en cuestión de semanas.

La nueva medida sólo se aplicará a los familiares de ciudadanos, no a los de residentes permanentes.

Hijo o cónyuges

Los requisitos para recibir el "waiver" no cambiarán respecto a los ya existentes. Además de demostrar que la ausencia del familiar en situación irregular ocasionaría un perjuicio extremo al esposo o progenitor estadounidense, y "la única base para ser inadmisible (en territorio de Estados Unidos) fuera la presencia ilegal", explicó Mayorkas.

Agencia EFE

Al menos un millón de inmigrantes indocumentados en California verían reducidos sus riesgos de deportación si la propuesta del grupo Acta por la Oportunidad y Prosperidad de California (COPA) tiene éxito y es incluida en un referendo para noviembre.

Esta propuesta del asambleísta demócrata Felipe Fuentes consiste en la aprobación de un programa de cinco años en el que aquellas personas que han vivido en el estado desde antes de 2008, sin tienen antecedentes penales, que hablan inglés y pagan impuestos, entrarían en una categoría de baja prioridad para deportaciones.

Pese a que la organización reconoce que el programa depende de que se establezca un acuerdo con el Gobierno federal, que es el que se encarga de aplicar las leyes de inmigración, indica que es importante que se reconozca a quienes participen en el programa piloto a fin de que no se les persiga y puedan trabajar legalmente.

"Hemos esperado quince años escribiendo cartas, marchando y visitando a nuestros representantes en Washington D.C. Aprobar COPA dará alivio y justicia a aquellos inmigrantes calificados en California hasta que en algún futuro se apruebe la reforma migratoria", señala el sitio web de los organizadores.

En California, a fin de ser aprobadas para participar en un referéndum, las propuestas deben de recolectar 504.760 firmas válidas, las cuales en este caso deberán de ser presentadas oficialmente en junio.

Agencia EFE

EEl Tribunal Supremo de Justicia, en pleno año electoral, lidiará durante 2012 con casos que tienen un impacto sustancial tanto sobre los votantes hispanos como sobre los millones de inmigrantes indocumentados.

Sus decisiones se conocerá al tiempo que se intensifique la contienda en la que estará en juego la reelección del presidente Barack Obama -quien en 2008 se llevó el 67 % del voto hispano- o la elección de un republicano para la Casa Blanca.

El pasado 12 de octubre los magistrados del Supremo aceptaron incorporar en su agenda de 2012 una revisión de la constitucionalidad de la Ley SB1070 de Arizona, y eso pocos días después de que añadieran las modificaciones en los distritos electorales del estado de Texas.

Asimismo los nueve jueces estudiarán desde marzo las numerosas querellas iniciadas por varios estados contra la Ley de Reforma Sanitaria aprobada en 2009 por el Congreso y que es pieza central del Gobierno de Obama.

Impacto en la vida cotidiana

El Tribunal Supremo también podría añadir a su controvertido programa de 2012 una decisión sobre la querella iniciada por el Departamento de Justicia contra una ley de Carolina del Sur que requiere que los votantes presenten un documento de identificación y habilitación que tenga una fotografía.

La ley en Carolina del Sur refleja las aprobadas por otros 30 estados y que, con requisitos de identificación adicionales, podrían disminuir la participación de votantes de minorías y con menos recursos económicos.

"Estos asuntos, tomados juntos, pueden cambiar drásticamente la forma en que los hispanos conducen su vida cotidiana, ya que pueden afectar las tendencias de voto, la asequibilidad del cuidado de la salud y las leyes de inmigración", señaló en una entrevista televisada Daniel Cratty, de la Asociación Nacional de Colegio de Abogados Hispanos (HNBA por su sigla en inglés).

Las leyes anti-inmigrantes

La ley SB1070, promulgada por la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, en 2010, autoriza a la policía estatal y local a que, en el curso de sus investigaciones, requieran de las personas pruebas de residencia legal en el estado, y convierte en delito la presencia en su territorio de inmigrantes indocumentados.

Por María Peña
Agencia EFE
Los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos terminarán 2011 con el peso de más deportaciones y más desempleo, y con la perenne incertidumbre sobre si, en 2012, el Congreso aprobará leyes que les ayuden a salir de la sombra.

Aunque varios líderes demócratas del Senado aseguran que hay "rayitos de esperanza" en un año electoral para algún componente de una reforma migratoria integral, lo cierto es que 2011 vio el asedio imparable contra los extranjeros clandestinos en este país.

Según cifras oficiales, en el año fiscal 2011 las autoridades deportaron a 396.906 indocumentados, y cerca del 55%, o unas 216.698 personas, tenían antecedentes penales. Ese total representa un incremento de unas 27.000 personas más que en el último año de la presidencia de George W. Bush.

Esos datos revelan además que la Administración Obama, que ya ha deportado a más de un millón de indocumentados desde 2009, ha batido el récord de deportaciones de todo el mandato de Bush.

Leyes de mano dura
Al parecer, ni el aumento en los arrestos y deportaciones ni el descenso en los cruces ilegales -debido a la crisis económica y la escasez de empleo, entre otros factores- ha aplacado a grupos que exigen la expulsión de los indocumentados.

Así, el recrudecimiento del combate a los indocumentados también vino de la mano de leyes aprobadas o puestas en vigor en varios estados sureños de Estados Unidos, que han copiado el ejemplo de "mano dura" de la ley SB1070 promulgada en 2010 en Arizona.

Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, en inglés), durante 2011 se presentaron 1.607 proyectos de ley y resoluciones relacionadas con inmigración en todo el país. Del total, para el pasado 7 de diciembre, 42 estados y Puerto Rico adoptaron 197 leyes y 109 resoluciones, indicó la NCSL.

El número de medidas representa un aumento significativo respecto a 2010, cuando 46 estados sopesaron más de 1.400 medidas de carácter migratorio.

Por si el asedio policial y el incremento en la vigilancia fronteriza fuera poco, la población indocumentada también ha sufrido los embates de una mayor tasa de desempleo, lo que a su vez ha mermado sus remesas familiares.

Por María Peña
Agencia EFE

El Tribunal Supremo de Estados Unidos, que ha decidido implicarse en el debate migratorio nacional al revisar la controvertida ley SB1070 de Arizona, y “agarrar el torno por los cuernos” debe desalentar el cultivo de leyes estatales que no resuelven el problema de la inmigración ilegal en el país.

La máxima corte de Estados Unidos anunció que estudiará la constitucionalidad de la SB1070, que criminaliza la presencia de inmigrantes indocumentados en Arizona y ha servido de modelo para otras leyes similares en Alabama, Georgia, Indiana, Utah y Carolina del Sur.

Sin duda, la decisión que tome el Tribunal Supremo para cuando termine su sesión actual a finales de junio próximo tendrá un fuerte impacto electoral: si respalda toda o parte de la SB1070, sería una victoria para los conservadores y les daría alas para continuar promoviendo leyes similares a lo largo y ancho del país.

Las consecuencias

Eso también conlleva la posibilidad de que, envalentonados, decidan impugnar la autoridad del Gobierno federal para hacer cumplir otras leyes.

Sentaría un mal precedente y aumentaría la confusión que ya existe respecto a la aplicación de estas leyes de un lugar a otro, según los activistas.

Por otra parte, la anulación de la SB1070, algo que buscan el Departamento de Justicia y una amplia coalición de grupos cívicos y religiosos, sumaría puntos políticos para el presidente Barack Obama y los demócratas, que buscan afianzar el apoyo del electorado hispano en 2012.

Hispanos a la calle

Tomando en cuenta la mayoría conservadora en el Tribunal Supremo -la juez Elena Kagan, del ala progresista, se ha recusado porque trató el tema como representante legal del Gobierno ante esa corte- cabe la posibilidad de que la corte se decante por la SB1070.

No sería la primera vez que se anule un dictamen del Noveno Distrito de Apelaciones, que en julio de 2010 bloqueó los cuatro elementos más polémicos de la SB1070.

Pero, tal como ocurrió cuando la gobernadora republicana de Arizona, Jan Brewer, promulgó la SB1070 en abril de 2010, una reafirmación por parte del Tribunal Supremo sacaría a los hispanos a la calle y a las urnas, con un previsible castigo en mano para quienes impulsen leyes semejantes.

Decisiones difíciles

El combate a la inmigración ilegal siempre ha sido un tema espinoso en Estados Unidos, pero llega algún día el momento en que se deben tomar decisiones difíciles, así no se pueda complacer a todos los bandos.

En ese sentido, el Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene la oportunidad de oro de hacer "borrón y cuenta nueva" y permitir que sea el Congreso, y no los gobiernos estatales, el que resuelva de una vez por todas el problema.

Por María Peña

Agencia EFE

Los tribunales federales de Estados Unidos se han convertido en el nuevo frente de las batallas en torno a la presencia de inmigrantes indocumentados, mientras el Congreso sigue sin corregir la crisis humanitaria y económica desatada por leyes que los criminalizan.

El Departamento de Justicia entabló hace pocos días una demanda contra el estado de Carolina del Sur, en busca de la suspensión de la ley SB20 que criminaliza la presencia de indocumentados en ese estado. También sopesa acciones contra leyes similares en Utah, Indiana y Georgia.

La Administración Obama ya había conseguido una victoria parcial cuando una juez bloqueó partes de la ley SB1070 en Arizona en 2010, y otra juez suspendió recientemente partes de la ley HB56 en Alabama.

Pero sólo el Congreso puede poner coto, de una buena vez, al círculo vicioso de leyes estatales inconstitucionales y demandas en los tribunales federales.

Ofensiva legal

En medio de esta ofensiva legal, se pierde de vista la continua represión policial en estados donde parecer extranjero es sinónimo de sospecha inmediata, y la carencia de "papeles" altera para siempre su vida cotidiana.

Al igual que la ley HB56 en Alabama, la ley SB20, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, exige que la policía local en Carolina del Sur verifique el estatus migratorio de toda persona detenida por alguna otra infracción. No importa si eso da licencia al acoso incluso de residentes legales.

También criminaliza a los ciudadanos y residentes legales de Carolina del Sur que, actuando de buena fe, se atrevan a transportar o alquilar vivienda a un indocumentado.

La demanda contra Carolina del Sur se produjo después de la que presentó a mediados de octubre la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU) que, al igual que el Departamento de Justicia, alega que la ley viola la Constitución y usurpa la autoridad del Gobierno federal para hacer cumplir las leyes migratorias.

Lo que dice Nikki

La gobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que promulgó la ley SB20 el pasado 27 de junio, asegura que si hay alguien que entiende de primera mano el problema de la discriminación racial es ella, como hija de inmigrantes.

"Soy hija de inmigrantes de India. Mi padre usa un turbante, y si hay alguien a quien debería preocuparle (la práctica de) perfil racial, esa soy yo", dijo Haley cuando firmó la ley.

Sin embargo, siguiendo la línea de grupos conservadores, Haley insiste en que todos deben entrar a Estados Unidos por la vía legal. No hay cabida para matices sobre lo obsoleto del sistema migratorio actual y las necesidades del mercado laboral.

Cada año unas 700 mil personas se convierten en ciudadanas estadounidenses en ceremonias de naturalización en todo el país.

Al jurar lealtad a Estados Unidos, cada ciudadano nuevo se compromete a respetar la Constitución y a defender a su nuevo país cuando sea necesario. A cambio, disfrutan de los muchos beneficios y privilegios que ofrece la ciudadanía estadounidense.

A continuación el Gobierno resalta algunos de los beneficios de naturalizarse.

1.Ayudar a inmigrar a parientes

Un beneficio importante es que los ciudadanos nuevos pueden ayudar a sus familias a inmigrar a Estados Unidos. De hecho, ellos tienen la prioridad para inmigrar a Estados Unidos. Además, los hijos menores de 18 años obtienen automáticamente la ciudadanía de sus padres.

2.Derecho a votar

Solamente los ciudadanos de Estados Unidos tienen derecho a votar en las elecciones federales y participar como candidatos en la mayoría de las elecciones locales, estatales y federales. La participación directa en la democracia es uno de los grandes privilegios de este país. Se puede conocer más información sobre las votaciones y elecciones en GobiernoUSA.gov.

3.Portar un pasaporte estadounidense

Estados Unidos protege a sus ciudadanos en el extranjero a través de las embajadas y consulados y ese es otro de los beneficios de jurar lealtad a este país. La asistencia varía desde ayuda para víctimas de delitos en el extranjero hasta instrucciones sobre qué hacer en caso de que ocurra una situación de emergencia en el lugar donde estén.

4.Acceso a más trabajos

El Gobierno federal es uno de los empleadores más grandes del mundo con empleos en un sinnúmero de industrias. Sin embargo, la mayoría de los trabajos con las agencias federales requieren que los aspirantes sean ciudadanos estadounidenses.

5.Participación en un jurado

Una de las funciones cívicas más importantes de ser ciudadano es participar como miembro de un jurado federal. Estas son personas que ayudan a determinar la inocencia o culpabilidad de un acusado. Los miembros de un jurado federal son seleccionados al azar

Al aprobar el Dream Act estatal y prohibir a los empleadores usar el E-Verify para comprobar el estatus legal de los trabajadores, California se ha apartado de la ola anti-inmigrante que sacude a Estados Unidos. Es la oveja “descarriada” del movimiento anti-inmigrante.

Agencia EFE

Con algunas de las leyes recientemente firmadas por el gobernador Jerry Brown, California toma la delantera como uno de los estados más favorables a los inmigrantes, independientemente de su estatus legal.

La semana pasada, el mandatario demócrata ratificó la AB131, la segunda parte del Dream Act de California que autoriza a los universitarios indocumentados solicitar becas del estado. Mientras que la AB130, o la primera parte del Dream Act firmada en julio pasado, permite a los estudiantes indocumentados recibir ayuda económica de fondos privados para su educación universitaria.

El Dream Act de California complementa la ley estatal AB540 del 2006 autoriza a los estudiantes "sin papeles" de California pagar matrícula como residentes legales en el estado, si han asistido a una escuela secundaria local durante tres o más años, si obtuvieron título de secundaria y están registrados en una escuela superior acreditada por el estado.

No al E-Verify

La semana pasada semana también Brown firmó la AB1236 que prohíbe a las ciudades y condados aprobar leyes que obliguen a los empleadores a hacer uso del programa "E-Verify" para determinar el estatus migratorio de sus empleados.

"California nuevamente va en contra de la tendencia y establece las bases, no sólo para reconocer la importante contribución de los inmigrantes a nuestra sociedad, sino también para comprender el importante papel que desempeñan en el estado,

La industria agrícola perdió cientos de millones de dólares durante la temporada pasada y muchos productores sembrarán menos para la próxima debido a la escasez de trabajadores provocada por la ley antiinmigrante HB87, revelan dos estudios divulgados.

La Asociación de Productores de Frutas y Vegetales de Georgia (GFVGA) dio a conocer los resultados preliminares de una investigación sobre el impacto económico de la ley migratoria, que estiman causó cerca de 140 millones de dólares en pérdidas debido a la falta de mano de obra en siete de las cosechas más importantes del estado.

"Georgia es el ejemplo más claro para mostrar lo que puede pasar cuando una legislación de seguridad y el programa E-verify obligatorio son aprobados sin tener un programa de trabajadores temporales adecuado", declaró Charles Hall, director ejecutivo de GFVGA sobre los resultados del estudio que fue presentado en la Conferencia Anual de Políticas Públicas de la Asociación de Productos Frescos en Washington.

Más repercusiones

El informe, realizado por el Centro de Agronegocios y Desarrollo Económico de la Universidad de Georgia, analizó información sobre las cosechas de arándanos, zarzamoras, cebollas, calabacines, pimientos, pepinos y melones, que en total representaron cerca del 46,4 por ciento de las cosechas listas para recoger en la primavera y que generan ingresos por cerca de 578 millones de dólares anuales.

De acuerdo con el estudio, los agricultores que indicaron haber experimentado escasez de trabajadores en la temporada de primavera y verano del presente año, representan cerca del 80 por ciento de los acres sembrados reportados en el sondeo.

El informe advierte además sobre las repercusiones que ha tenido la medida en las comunidades inminentemente agrícolas, que también sufrieron pérdidas económicas durante la primavera de este año por la pérdida de cosechas.

Los investigadores estiman que si se consideran las respuestas de los agricultores consultados como representativas de todos los productores de Georgia, el impacto económico a la economía de Georgia sería de aproximadamente 391 millones de dólares para este año. 

E-Verify elimina trabajos

El informe además resalta el impacto que el programa E-Verify ha tenido en la escasez de trabajadores y por ende en la industria agrícola del estado, que genera ingresos anuales por cerca de 68.000 millones de dólares.

"El trabajo del campo es una labor especializada", dijo el representante, que asegura que en el caso de la agricultura, el E-Verify es un programa que elimina trabajos, no los crea.

Las autoridades de Estados Unidos anunciaron una serie de medidas para facilitar la residencia permanente a inversionistas extranjeros que contribuyan a la creación de trabajos y nuevas empresas, e inversiones en áreas con alto nivel de desempleo.

Las iniciativas tienen el objetivo de incentivar a los inversionistas extranjeros, particularmente en el sector de alta tecnología, aunque también beneficiarán a extranjeros que puedan demostrar que su trabajo es "de interés nacional".

Tanto en un comunicado conjunto como en una conferencia telefónica, la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, y el director de la Oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), Alejandro Mayorkas, indicaron que las medidas ayudarán a estimular el crecimiento económico en Estados Unidos.

"Estados Unidos debe continuar atrayendo a los mejores y más brillantes trabajadores de todo el mundo para que inviertan sus talentos, habilidades e ideas en el crecimiento de nuestra economía y en la creación de empleos" en este país, dijo Napolitano.

Incentivar la inversión
Para Napolitano, las medidas anunciadas ayudarán a que el país desarrolle "plenamente" el potencial de sus leyes de inmigración, que buscan incentivar la inversión extranjera.

En ese sentido, Mayorkas explicó que "los objetivos de estos cambios son que más empresarios puedan venir a Estados Unidos y que el proceso de solicitud de los visados sea más rápido y eficiente".

Así, el Gobierno de Washington ha puesto en marcha cambios para simplificar y agilizar los trámites de las visas EB-5, para los inversionistas extranjeros; EB-2, para inmigrantes con posgrado o altas destrezas laborales en ciencias, artes y negocios, y H1-B, para extranjeros contratados por empresas estadounidenses en áreas como ciencias, ingeniería y computación.

El paquete de medidas no requiere la aprobación del Congreso, ya que no implica cambios en las leyes de inmigración.

Medio millón para empezar
Las visas EB-5 facilitan la residencia permanente para inversionistas extranjeros y sus familias siempre y cuando éstos inviertan al menos 500.000 dólares en un proyecto empresarial en Estados Unidos  que genere al menos diez puestos de trabajo.

Para el pasado 30 de junio, el programa logró atraer más de 1.500 millones de dólares en inversiones de capital, y contribuyó a la creación de al menos 34.000 empleos en el último año, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Un informe elaborado por el Center for American Progress (Centro para el Progreso Americano –CAP-) reveló que si el Congreso aprueba una reforma migratoria amplia y el presidente Barack Obama la promulga, las arcas del servicio de inmigración estadounidense se llenarían con varios miles de millones de dólares en corto tiempo, según Univision Online.

Según datos del Pew Hispanic Center (PEW, un grupo de Washington que estudia los movimientos migratorios) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el número de indocumentados en Estados Unidos es de 11 millones y la mayoría es originaria de América Latina. El CAP sitúa el número de extranjeros sin papeles en 13 millones.

Las cifras
Si se toman en cuenta las actuales tarifas de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), y el plan de reforma migratoria demócrata patrocinado por un grupo de senadores demócratas (que incluye una vía regulada de legalización), cada indocumentado debería pagar:

   - Multa para iniciar el proceso: $1.000
   - Multa al pedir la residencia: $1.000
   - Formulario I-485 (ajuste de estado) : $985
   - Formulario I-765 (permiso de trabajo) $380
   - Toma de huellas digitales: $85
   - Total: $3.450

Si después de cinco años pide la ciudadanía, deberá pagar otros $595 más $85 por la toma de huellas digitales.

Y súmele más
De acuerdo con los datos del PEW y del DHS -que en Estados Unidos viven 11 millones de indocumentados-, la reforma migratoria dejaría a las arcas de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) $37.950 millones. Y si se agrega la ciudadanía, el monto se eleva a $45.430 millones.

Y si se toma en cuenta la cifra aportada por el CAP –que 13 millones de indocumentados podrían legalizar sus permanencias en Estados Unidos si se aprueba la reforma migratoria-, y se considera el trámite mínimo a llevar a cabo para legalizar cada una de las permanencias, la USIS recibiría $44.850 millones. Y si se agrega la ciudadanía, el monto a recaudar sería de $52.330 millones.

Los ingresos en las arcas de la USCIS fueron calculados sobre la base de las actuales tarifas de la USCIS.

Esto es un supuesto
Abogados consultados por Univision.com advierten que el monto sólo se trata de un "supuesto", que el Congreso "todavía no ha aprobado nada", que "nadie debe pagar nada a nadie" en estos momentos y que la cifra "puede variar dependiendo de cada caso en particular".

Por ahora el Congreso tiene sobre la pesa dos proyectos de ley. Uno, presentado por el congresista Lamar Smith (republicano de Texas), quien recomienda criminalizar la estadía indocumentada y favorecer la deportación de indocumentados. Un segundo plan, patrocinado por un grupo de senadores demócratas encabezado por Bob Menéndez (Nueva Jersey), incluye una vía de legalización regulada para indocumentados que, entre otros requisitos, carecen de antecedentes criminales y hablan inglés.

Para ser aprobada, la reforma migratoria necesita 218 votos en Cámara de Representantes y 60 en el Senado. Los republicanos –que controlan la Cámara- han dicho que no apoyarán el proyecto, mientras que en el Senado, controlado por los demócratas con 51 asientos sobre u total de 100, no tienen el número de apoyos necesarios.

La cuenta se sube más
A la cifra establecida sobre la base de mínimos, habría que agregar otra serie imprevistos, tales como:
- Gastos de representación de abogado en caso que el indocumentado tenga problemas con la justicia.

Una encuesta del Departamento de Agricultura de Georgia divulgada la semana pasada encontró que existen cerca de 11.000 puestos de trabajo vacantes en la principal industria del estado por el temor de lo inmigrantes a las consecuencias que enfrentan con la nueva ley HB87, mediante la cual se criminaliza la estadía de una persona indocumentada en Georgia y se le dan facultades a todos los cuerpos policiales para hacer las veces de agentes de inmigración.

Agricultores de Georgia expresaron su preocupación por una eventual falta de mano de obra, ante el éxodo de cientos de trabajadores inmigrantes a otras entidades de Estados Unidos tras la promulgación de la ley de inmigración HB87.

La Oficina Agrícola de Georgia, principal asociación de agricultores del estado, reportó signos de un éxodo de trabajadores de la zona agrícola del sureste de Georgia, único lugar donde se cultiva la afamada cebolla dulce Vidalia, por temor a la nueva ley.

Depende de inmigrantes
La organización indicó que la industria agrícola de Georgia, cuya producción anual rebasa los 68 mil millones de dólares, depende en una buena parte del trabajo de los inmigrantes, por lo que se opone a la ley promulgada por el gobernador Nathan Deal.

La norma autoriza a las policías locales indagar sobre el estatus migratorio de cualquier sospechoso, cuando haya alguna falta o 'causa probable' que interrogarlo. El estatuto, inspirado en la ley SB 1070 de Arizona, habilita a los agentes a detener a quien encuentren en violación de las leyes de inmigración, arrestarlos y llevarlos a cárceles estatales o federales.

La propuesta elimina o prohíbe dar servicios de asistencia pública a inmigrantes indocumentados, incluidos alimentos para madres solteras y lactantes. La medida también endurece los requisitos para contratar empleados y fija sanciones a quienes sean sorprendidos transportando o albergando inmigrantes indocumentados, sin importar si se trata de familiares directos.

Que lo demuestre
La ley HB87 castiga también a las autoridades, especialmente los cuerpos policiales o funcionarios de ciudades y condados, a los que se les “demuestre” que no han estado cooperando, al detener o enviar a inmigración a personas que ellos hayan sospechado son “ilegales”.

Cualquier persona residente legal del estado, puede demandar a cualquier autoridad de la que tenga evidencias, ha dado servicio a un inmigrante sin papeles y no lo ha reportado con inmigración.
'Nuestro mayor temor es que, debido a cómo está estructurada esta nueva ley, no podremos encontrar los suficientes trabajadores para que realicen el trabajo que necesitamos en un periodo breve', dijo Aries Haygood, productor de cebollas Vidalia de la comunidad de Lyons.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) presentó una campaña que destaca los beneficios de ser ciudadano estadounidense con el fin de convencer a más de siete millones de residentes permanentes, la mayoría hispanos, para que se naturalicen.

"Es muy importante que las personas que ya son residentes permanentes consideren la ciudadanía, por todos los beneficios que eso les va a traer", dijo a Efe Mariana Gitomer, portavoz de USCIS.

"Por eso hoy estamos lanzando una iniciativa para educar y crear conciencia entre los inmigrantes para que se hagan ciudadanos estadounidenses", agregó.

La campaña informativa "Iniciativa de Educación Pública y Concienciación sobre la Ciudadanía" será un esfuerzo que desde el 30 de mayo y hasta el 5 de septiembre estará al aire a través de radio, televisión, prensa escrita e internet a nivel nacional.

Por tres años

Los mensajes se transmitirán en español, chino, vietnamita e inglés con un especial énfasis en las ciudades de Los Ángeles, Nueva York y los estados de Florida y Texas donde hay un número alto de residentes permanentes.

"La campaña se extenderá por tres años y los fondos, que son 11 millones de dólares, provienen de una aprobación que hizo el Congreso federal en el año fiscal 2010", explicó Gitomer.

"Parte de esos fondos los vamos a canalizar a organizaciones comunitarias que ayudan a los inmigrantes para que nos ayuden a educar y convencer a la gente de que se hagan ciudadanos", agregó.

La mayoría hispanos

La portavoz de USCIS indicó que según la base de datos del Gobierno, en Estados Unidos hay alrededor de 12,5 millones de residentes permanentes, de los cuales 7,9 millones ya son elegibles para reclamar la ciudadanía, la mayoría son hispanos.

Solamente en California hay aproximadamente 3 millones de personas con más de cinco años de tener el documento de residencia.

Los beneficios

"Hay muchas razones por las que la gente no se hace ciudadana, algunas personas no saben los beneficios y sienten que si ya tienen la tarjeta de residencia ya pueden trabajar, ya pueden viajar, entonces sienten que no necesitan la ciudadanía", contó Gitomer.

"Pero la ciudadanía les da el beneficio de votar, obtener el pasaporte estadounidense para viajar sin restricciones, obtener mejores trabajo", dijo.

Las detenciones de inmigrantes indocumentados se han convertido en un negocio para las empresas privadas que operan centros de detención y cárceles en estados como Arizona, por lo que promueven leyes contra los inmigrantes como la SB1070, según denunció un grupo de activistas.

"A Arizona vienen todos los contratistas atraídos por el incremento en la militarización y la criminalización del inmigrante, es muy fácil utilizar al inmigrante indocumentado para este propósito", dijo a Efe la abogada Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona.

García considera que un claro ejemplo de este "lucrativo negocio" se observa en la Corte Federal en Tucson donde de lunes a viernes se procesan diariamente un promedio de 80 inmigrantes indocumentados bajo el programa federal "Streamline".

"Por el encarcelamiento de estos indocumentados estamos pagando entre 13 a 15 millones de dólares mensualmente a compañías privadas', aseguro García, quien también es defensora publica en el Condado Pima.

Impacto e influencia

Las críticas de la directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona son respaldadas por un estudio difundido esta semana por la coalición de organizaciones civiles The Detention Watch Network (DWN) que analiza el impacto y la influencia del sector privado en el sistema de detenciones de inmigración en Estados Unidos.

El estudio indica que empresas privadas manejan cerca del 49 por ciento de los centros de detención para indocumentados en el país y que tres compañías que tienen contratos con el Servicio de inmigración y Aduanas (ICE) se gastaron más de 20 millones de dólares en cabildeo desde 1999 al 2009.

La compañía Corrections Corporation of America (CCA) invirtió un poco más de 18 millones de dólares, mientras que GEO Group Inc, destinó otros 2 millones de dólares para ese propósito.

Negocio rentable

En Arizona, la empresa CCA opera seis cárceles, de las cuales tres son centros de detenciones para indocumentados, mientras que GEO Group Inc. opera otras dos cárceles y un centro de detenciones.

"El indocumentado se ha convertido en el negocio principal de estas empresas, es el segmento de la población más prometedor para ellos", aseguró García.

Por Erick Barbare
(Barbare Law Firm)
La ley contra la violencia hacia las mujeres (Violence Against Women Act – VAWA) permite a una persona que ha sido abusada por su esposo/a o padre procesar una petición al gobierno para obtener estatus legal en los Estados Unidos. 

Esta ley permite a hombres y mujeres que han sido abusados, una oportunidad de aplicar a una visa o green card. El abusador no será informado de que esta petición para beneficios de inmigración bajo la ley VAWA has sido iniciada y se podrá aplicar para estatus legal sin que esta persona se entere. Esto es lo que se llama una “auto-petición.” Esto le permitirá a usted buscar seguridad e independencia del abusador.

Usted es elegible para aplicar a un estatus migratorio legal si usted ha sido abusado por un esposo o padre que es ciudadano Americano, o si su esposo/a ha abusado a un hijo de usted de menos de 21 años.

Para poder calificar bajo estas disposiciones, el aplicante debe demostrar que:

• Él o ella es el esposo o hijo de un ciudadano americano o alguien que posee un green card;
• Él o ella ahora residen en los Estados Unidos o han residido en Estados Unidos con su esposo o padre en el pasado;
• Él o ella ha sido maltratado o abusada o sujeto a crueldad extrema por su esposo/a o padre;
• Él o ella tiene buen carácter moral;
• Él o ella puede demostrar que su deportación resultaría en durezas extremas para ellos;
• Si el aplicante es un esposo/a, que él o ella entro al matrimonio con buena fe y no simplemente para obtener una visa o green card.

Los beneficios
Primordialmente, esta ley permite a inmigrantes quienes no entraron a E.stados Unidos legalmente, una oportunidad de procesar una petición de estatus legal.  Como regla general, un extranjero buscando estatus legal en los Estados Unidos debe haber sido inspeccionado en un puerto de entrada, y ya sea haber sido admitido o dado libertad condicional, y ser admisible como inmigrante. Sin embargo, esta regla no aplica a un extranjero buscando arreglar su estatus que tiene una “auto-petición” basada en la ley contra la violencia hacia las mujeres que ha sido aprobada.